Militemos desde las agrupaciones universitarias, el cambio profundo de esta estructura corrupta, degradante e inhumana. Propia de los campos de concentracion Nazis, y de la ultima Dictadura Civico- Militar Argentina. Detras de la cual se esconden "formidables negociados" de los que lucran que el sufrimiento en las carceles y la "criminilizacion secundaria", que asola el conurbano bonaerense y tambien Mar del Plata.
Lex-Mdq Agrupacion Universitaria Mar del Plata.
El Servicio Penitenciario bonaerense distribuye armas entre los detenidos
La dependencia del ministro Ricardo
Casal entrega facas y otras
armas a los internos en las cárceles de
Buenos Aires, según pudo comprobar
el vicegobernador Gabriel Mariotto,
en la Unidad 47 de San Martín.
El titular del Senado visitó esas
instalaciones, en compañía de
Horacio Verbitsky, por el CELS, y
autoridades judiciales y académicas
Casal entrega facas y otras
armas a los internos en las cárceles de
Buenos Aires, según pudo comprobar
el vicegobernador Gabriel Mariotto,
en la Unidad 47 de San Martín.
El titular del Senado visitó esas
instalaciones, en compañía de
Horacio Verbitsky, por el CELS, y
autoridades judiciales y académicas
Por Horacio Verbitsky (*) / Personas detenidas en el
régimen abierto del Complejo Penitenciario Conurbano Norte entregaron al
vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto una gigantesca cuchilla y dos facas
y acusaron de proveérselas a dos subdirectores de la Unidad Penitenciaria 47,
los prefectos Roberto B. Arancibia (de Asistencia y Tratamiento) y José
Feliciano Burgos (de Seguridad). Agregaron que con esas armas debían atacar a
otro interno, que había denunciado maltratos anteriores por parte del Servicio Penitenciario
Bonaerense. Ese fue el sorpresivo final de la inspección que Mariotto realizó
el jueves, acompañado por autoridades judiciales, la Comisión Provincial por la
Memoria (CPM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). En el acto de entrega de las armas también
estuvo presente la víctima contra quien debían usarse, Hugo Alberto Cabrera
González, a quien llaman El Ñaca, quien reside en otra casa del régimen abierto
y había presentado denuncias por abusos del personal. El día anterior se había
producido una reyerta entre los habitantes de dos de las viviendas. Conocido
como “Las casitas de Casal”, el régimen abierto es el diamante que esgrime el
gobierno bonaerense ante cada denuncia que se presenta contra el sistema
penitenciario realmente existente.
La CPM presentó un hábeas corpus correctivo en el que
solicita urgente remedio al cuadro constatado, de hacinamiento, mala
alimentación, carencia de asistencia médica y tratos crueles y degradantes y la
presencia de peritos ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, psiquiatras
y trabajadores sociales para determinar las medidas correctivas imprescindibles
en materia de espacios disponibles, condiciones edilicias, cuestiones de
seguridad de las instalaciones eléctricas e hidráulicas; enfermedades debidas
al hacinamiento y la coexistencia con heces y orines; efectos psicológicos del
hacinamiento y la violencia de las condiciones de vida. Mariotto prometió que
volvería en un par de semanas al complejo con un batallón de médicos,
odontólogos, oftalmólogos, asistentes sociales, ingenieros y plomeros, que den
vuelta como un guante la situación vejatoria en que viven los reclusos y cuyo
efecto final es un incremento de los niveles de violencia en las calles en
ocasión de robos. También buscará remedio para el problema de la falta de
documentación de muchos internos, cuyos documentos son devueltos por el correo
y luego destruidos porque no hay nadie para recibirlos en su domicilio y el
otorgamiento de los planes sociales que corresponda para los familiares de los
detenido, ya sean Asignaciones Universales para sus hijos o moratorias
previsionales para sus padres. “La presencia del Estado para atender las
necesidades sociales de las personas privadas de su libertad y sus núcleos
familiares es también una política de seguridad”, dijo. La sociedad es un
sistema de vasos comunicantes, no de compartimentos estancos. Quienes luego de
cumplir una pena no encuentran posibilidades de reintegración estarán
dispuestos a cualquier cosa con tal de no volver a la realidad alucinante de
las cárceles bonaerenses. Esto generaliza una subcultura prevalente en la que
matar se asimila con el mal menor. Cuando algunas vidas son desvalorizadas
hasta tal punto, tarde o temprano ninguna vida vale nada. Sería útil que lo
pensaran los ciudadanxs decentes que sólo saben pedir mayores penas y
severidades y no se interesan por lo que ocurre tras las rejas, donde funciona
la más eficaz fábrica de la violencia que se distribuye afuera.
Ni dientes ni luz
Cuando el vicegobernador llegó junto con sus
acompañantes, las autoridades penitenciarias intentaron demorarlo con una
reunión protocolar en el despacho del director de la U-46, inspector mayor
Ramón Giménez, durante la cual barrerían bajo la alfombra las situaciones más
difíciles de ocultar y justificar. Mariotto declinó la invitación y se dirigió
a los sitios que deseaba inspeccionar: los pabellones de Separación del Area de
Convivencia (SAC), de Admisión (Nº 1), Nº 7 del sector masculino y Nº 12 del
femenino, entrevistando a cada una de las personas allí alojadas. En el
pabellón colectivo los visitantes se reunieron en forma simultánea con todos
los detenidos, quienes narraron sus principales problemas. Casi sin excepciones
reclamaron por la demora de sus causas (ocho de cada diez presos en la
provincia no tienen sentencia firme), la falta de atención médica y
odontológica y las inicuas condiciones de su alojamiento. También se lamentaron
por la discrecionalidad del Servicio Penitenciario que decide por sí y ante sí
quiénes pueden estudiar en el colegio secundario de la unidad o trabajar en sus
talleres. Varios mostraron cicatrices de heridas antiguas o de operaciones
recientes y dijeron que no recibían ningún tipo de atención. Ante la pregunta dirigida
a uno sobre el ostensible deterioro de su dentadura, varios abrieron la boca y
mostraron su impresionante estado a los visitantes. Dijeron que una población
de varios centenares de personas sólo cuenta con un dentista que concurre a la
unidad una hora por semana, “siempre que no llueva”. En esas condiciones, la
única terapia para cualquier problema es la extracción del diente o la muela.
Los detenidos por delitos comunes padecen hoy la misma desatención que durante
la dictadura militar conocieron los presos políticos. Enfermos con HIV-Sida,
diabetes, trastornos psiquiátricos y/o neurológicos narraron que no reciben
ningún medicamento si no se los alcanzan sus familiares. No hay médicos que
recorran los pabellones ni que visiten la denominada sala de internación, donde
ni siquiera hay un enfermero. Los alojados allí sólo pueden contar con la ayuda
de otros detenidos. Un hombre de más de cincuenta años llevado allí porque una
herida de bala se le infectó y le afectó los huesos, yacía en un camastro, con
una bota de yeso y una ventana recortada en el lugar de la herida, sin cuidados
ni información sobre su caso. En varias instancias de la inspección
funcionarios del Servicio se acercaron con la intención de escuchar los
diálogos, pero se les pidió que se alejaran para garantizar la
confidencialidad. Luego los visitantes se dividieron en grupos de a tres, para
escuchar a todos los detenidos en las celdas individuales y los buzones de
castigo, de 2×2 metros. Los penitenciarios dijeron que los detenidos estaban en
los buzones por propia decisión pero varios lo desmintieron. En esas
conversaciones más reservadas muchos entrevistados señalaron la política de
rotación constante de un penal a otro que se aplica para quebrar la voluntad de
los internos menos resignados, lo cual les impide continuar sus estudios y
afecta sus vínculos familiares. Uno dijo que en dos años recorrió veinte
unidades distintas. El traslado es también el momento de mayor vulnerabilidad.
“Nos tiran un gas irritante a los ojos en cuanto entramos al celular y
comienzan a pegarnos”, explicó. Varios mostraron marcas de golpes o heridas
punzantes en distintas partes del cuerpo. También dijeron que la peor
humillación es la que padecen sus familias al visitarlos, con requisas
intrusivas a sus esposas e hijos. Una versión que se repitió en muchos
testimonios fue que el Servicio delegó esas requisas en un detenido por
violación, lo cual los desespera. Una constante fue la precariedad y el
abandono de las instalaciones, pese a que se trata de una de las unidades más
nuevas del SPB. Los vidrios de todas las ventanas están rotos, por lo que el
invierno es insoportable. Algunas tienen pasable luz natural, pero otras son
sombrías como cuevas. Dentro de su calculada política de deshumanización, el
Servicio no se preocupa por la iluminación artificial, que queda librada al
ingenio de los propios internos. De las paredes por las que caminan cucarachas,
cuelgan cables con lámparas desnudas y conexiones caseras, con cables pelados
que se conectan en los tomacorrientes a falta de enchufes.
Agua tampoco
Una resolución judicial de 2008 de la Cámara de
Apelaciones de San Isidro dispuso que debido a la contaminación del agua en
todo el Complejo, construido sobre un basural, cada interno debe recibir no
menos de cinco litros diarios de agua potable para beber, cocinar e
higienizarse. Esto es diez por ciento del consumo real estimado por persona en
el país. Pero la inspección constató que ni siquiera una provisión tan moderada
se cumple, aunque el Estado paga por esa cantidad de líquido a empresas
privadas. En ninguna celda había más de un bidón, para cuatro o cinco personas.
Además sus etiquetas son fotocopiadas y muchos detenidos afirman que son
rellenados con agua de la canilla. “Tenemos que pedir el agua, no nos la dan de
por sí. Vos la pedís y ellos te llenan el bidón”, dijo un detenido. Sólo en una
celda femenina lucían alineados sobre la entrada varios bidones.
–¿Para qué son?
–Los lleno en la canilla y los pongo así para que no
pasen las ratas –respondió una mujer.
El agua contaminada produce forúnculos y otras manchas
en la piel. En muchas celdas, donde los detenidos pasan el día entero
incluyendo la comida, las letrinas están tapadas y desprenden un olor hediondo,
la pileta no tiene canilla o la canilla no cierra, por lo que el agua corre sin
cesar y se derrama sobre el piso. Como en celdas que, según los estándares
internacionales, no deberían alojar a más de dos personas se apiñan cuatro o
cinco en cuchetas, hay quienes deben yacer sobre ese piso mojado 23 horas y
media al día, ya que no los sacan por más de 30 minutos a un patio y nunca a
una ducha. Los que no tienen colchones duermen sobre mantas tendidas en el
suelo. Los colchones son escuálidos, inflamables y están destripados por las
constantes requisas, en las que es usual la destrucción de todos los objetos
personales, incluyendo las fotos familiares que son uno de los pocos consuelos
de los internos. “Mirá cómo salen las cucarachas de los colchones”, dijo una
mujer mientras sacudía el suyo para ejemplificar la repugnante invasión. El
Servicio no provee elementos de limpieza para las celdas ni de higiene personal
para los detenidos. Los visitantes también hablaron con una detenida que un
poco más temprano había sido golpeada por el personal penitenciario y no
recibió atención por sus heridas visibles. Los internos mostraron las bandejas
de plástico con la comida que les sirven: un engrudo de arroz y verduras con la
esporádica intrusión de algún trozo de carne, pese a que el Estado paga por
medio kilo por persona cada día.
Represalias
Mientras el secretario de ejecución penal de la
Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolatti, redactaba un acta con
la entrega de las facas, Mariotto les ordenó al jefe del Complejo
Penitenciario, Inspector Mayor Héctor Uncal, y al Director General de Seguridad
del SPB, Mario Mazzeo, la separación inmediata de los oficiales acusados,
mientras se sustancian la causa judicial y las actuaciones administrativas y
que no hubiera traslados ni otras represalias contra las personas que habían
hablado con él y sus acompañantes. El fiscal Marcelo Sendot abrió una
Investigación Penal Preparatoria y responsabilizó por la integridad física de
los denunciantes a la directora del SPB, Florencia Piermarini. La visita se
extendió desde las 11 hasta las 15 del jueves A las 17 se produjo lo que el
Servicio Penitenciario describió como una “revuelta generalizada” entre
detenidos en el pabellón 9 de la Unidad 48 del mismo complejo, una unidad que
el vicegobernador no visitó. Juan Romano Verón resultó muerto de un puntazo con
una faca similar a la secuestrada y otro hombre fue herido. Los primeros
testimonios sostienen que el personal del SPB instigó el enfrentamiento y lo
observó en forma pasiva. Una versión sostiene, incluso, que el plan era provocar
la batahola mientras Mariotto estaba en el complejo. La obvia intención de los
penitenciarios es atribuir el episodio que ellos mismos provocaron a la
intromisión del vicegobernador, la Justicia y los organismos defensores de los
derechos humanos. Que las tensiones derivadas del monstruoso régimen de
detención, violatorio de todos los estándares nacionales e internacionales,
deriven en enfrentamientos entre internos y no en reclamos por un trato digno,
es el gran triunfo de la actual gestión penitenciaria y la herramienta escogida
para someter a la pasividad absoluta a las personas bajo su vigilancia. La
represalia indiscriminada extiende el terror a toda la población penitenciaria,
asocia cualquier actividad de control externo con peligro de muerte y paraliza
toda posibilidad de cambio. Cuanta menor relación tenga la víctima con el caso,
más generalizado será el efecto intimidatorio. Todo lo que venga de afuera es
descrito como una amenaza, incluso por allegados a los detenidos, cuando es
ostensible que no existe posibilidad de cambio desde adentro, sin una decidida
intervención política. En la U-48 funciona el Centro Universitario de la UNSAM.
El SPB lo resiste como un germen de subversión del omnímodo sistema vigente.
Las casitas del régimen abierto son el proyecto modelo que el gobierno
bonaerense exhibe ante los sistemas de protección de los derechos humanos de la
OEA y las Naciones Unidas, cada vez que se denuncian las vergonzosas
condiciones de reclusión en la provincia. Casal produjo un film de animación
con muñequitos, que proyecta en cada conferencia a la que asiste. Se trata de
un millar de plazas, de las cuales seis docenas en el Complejo Penitenciario
Conurbano Norte, donde son alojadas personas que ya están en condiciones de
recuperar la libertad o que cursan el tramo final de su condena y han ingresado
a un régimen progresivo que incluye salidas transitorias. Pese a lo progresivo
de esta iniciativa, se reiteran los patrones de arbitrariedad que definen toda
la gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense y su sistema informal de
premios y castigos. Una vez que el juez ordena incorporar a un detenido al
programa Casas por Cárceles, el Servicio tiene la facultad de cumplirla o no
según “el lugar de alojamiento, domicilio de los internos y proximidad de
egreso”. Esto viola el principio de judicialización de la ejecución de la pena.
El episodio de las facas y la cuchilla muestra que la clave no está en la mayor
o menor libertad ambulatoria, sino en la lógica mafiosa de intervención del
Servicio Penitenciario, agravada desde que uno de sus oficiales accedió por
primera vez al gabinete provincial, consagrando no sólo el autogobierno
penitenciario sino su ocupación de espacios en el sistema político que debería
conducirlo.
El rol de los jueces
Quienes acompañaron el jueves al vicegobernador
Mariotto coinciden en que sin una modificación profunda del funcionamiento
judicial ningún cambio es posible, porque son los jueces quienes deben
controlar. Ese es uno de los argumentos más fuertes de quienes propician el
desdoblamiento de los ministerios de Justicia y de Seguridad y del ministerio
público fiscal y el de la defensa. Al día siguiente se agregó un ejemplo
clamoroso sobre este rol de la Justicia, cuando los miembros del Tribunal Oral
4 de La Plata (Juan Carlos Bruni, Emir Caputo Tártara e Inés Siro) absolvieron
a los tres oficiales penitenciarios acusados por la espantosa muerte de Luis
Angel Gorosito Monterrosa, quien hace ocho años padeció quemaduras en el 65 por
ciento de su cuerpo, producidas mientras estaba detenido en la U29, el penal de
máxima seguridad de Melchor Romero. Antes fue violado y la autopsia constató la
presencia de semen en su ano. Se había atrevido a denunciar atropellos del
Servicio Penitenciario Bonaerense en la U24 de Florencio Varela y un juez había
ordenado que lo trasladaran a la U29 y le brindaran una situación especial de
custodia. No obstante, el SPB informó que había intentado suicidarse, justo dos
días antes de declarar ante la Justicia contra el Servicio. Las grabaciones de
seguridad enviadas por el SPB fueron adulteradas, de modo de omitir el preciso
momento de la violación y las torturas a la víctima. Un perito en
digitalización de imágenes declaró en el juicio oral que no se debió a un
problema mecánico sino a una manipulación humana. Pese a ello, los tres jueces
complacientes absolvieron al ex jefe de la U29 Eduardo Martino, al responsable
del pabellón, Sergio Chaile, y al inspector de vigilancia, José Pedroso. La
Comisión Provincial por la Memoria, que asistió a la familia de Gorosito había
pedido penas de reclusión perpetua para los tres. También es significativo
quiénes defendieron a los penitenciarios. Pedrozo fue patrocinado por quien
hasta hace poco fue Jefe de Asuntos Legales del SPB, Daniel Alberto Spicoli, y
por Guillermo Von Wernich (sobrino del cura torturador) y Martino por Andres
Vitali, quien ya fue designado miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 3 de La
Plata, como parte de la captura del Poder Judicial por parte del Servicio
Penitenciario. Los jueces no se animaron a enfrentar a los familiares de la
víctima y a los organismos de derechos humanos y no asistieron a la lectura del
veredicto. Además designaron para la seguridad de las audiencias a personal del
SPB, que trató en forma despectiva al público. La sala estaba colmada de altos
jefes actuales del Servicio.
Analisis a la misma problematica carcelaria bonaerense
Publicado por Darien en 4 abril, 2012
SE DEJA ACLARADO QUE EL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES YA SE ENCUENTRA INTERVENIDO DESDE EL ENTONCES GOBERNADOR ING. FELIPE SOLA.
ASISMISMO HAN PASADO PERSONAL CIVIL CON EL TITULO DE ABOGADOS LOS QUE HAN CONDUCIDO LA FUERZA HASTA EL MOMENTO SIN DAR SOLUCIONES A LA PROBLEMATICA PENITENCIARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LOS MISMOS DESPUES HAN SIDO ASCENDIDOS DENTRO DEL PODER JUDICIAL.
COMO TAMBIEN LAS NUEVAS ALCAIDIAS PENALES SON CONDUCIDAS POR PERSONAL CIVIL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
PARA QUE HAYA UNA SOLUCION DEBE HABER VOLUNTAD POLITICA. MAS PRESUPUESTO Y UN MAYOR CONTROL.
LOS SUELDOS DEBEN SER ACORDES A LA SITUACION QUE LOS EMPLEADOS TRABAJAN EN CONTEXTO DE ENCIERRO Y UNA MAYOR CAPACITACION. TANTO ACADEMICA COMO UNIVERSITARIA. ALGUNOS NO CUENTAN CON EL SECUNDARIO TERMINADO.
ES CIERTO ANTE CADA RECORRIDA DE DD. HH. SE ENCUENTRAN SITUACIONES DE HACINAMIENTO, FALTA DE COLCHONES, FALTA DE ALIMENTOS COMO CORTES DE CARNE O VEGETALES, AGUA CONTAMINADA, FALTA DE ATENCION PRIMARIA O BASICA EN CUANTO A LA SALUD.
DENTRO DE UNA CARCEL LA VIOLENCIA ESTA GENERALIZADA PORQUE SON PERSONAS QUE HAN COMETIDO HECHOS DE VIOLENCIA . Y NO HAY TRATAMIENTOS NI PRACTICAS DE RESOCIALIZACION. NO HAY PSICOLOGOS, ASISTENTES SOCIALES, MEDICOS, ODONTOLOGOS. NO HAY RECURSOS BASICOS NI HUMANOS. EN UNA CARCEL HAY CADA QUINIENTOS PRESOS TREINTA PENITENCIARIOS .
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Mariotto volvió a cuestionar las cárceles bonaerenses
Publicado por Darien en 4 abril, 2012
Por Marcelo Veneranda | LA NACION
- el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, sumó una nueva embestida en el área más sensible de la gestión sciolista: la seguridad. Tras recorrer dos unidades penales el viernes pasado, junto con organismos de derechos humanos, ayer criticó con severidad las condiciones de reclusión en las cárceles provinciales: sostuvo que vulneran la Constitución, que son “degradantes” y que “fomentan la violencia”.Contra su costumbre, el sciolismo decidió no guardar silencio: horas después de que Mariotto hablara en Canal 7, la flamante titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Florencia Piermarini, ofreció una entrevista en Radio Provincia, en la que enumeró los avances en las cárceles alcanzados durante la gestión de Daniel Scioli, quien hoy volverá a centrar su agenda en la seguridad: al mediodía, dará una conferencia de prensa junto con el ministro Ricardo Casal.“El sistema, hoy, es degradante y estamos fomentando la violencia producto de la desaprensión”, sentenció ayer el vicegobernador bonaerense, al repasar la visita que el viernes hizo a las unidades 46 y 47 de San Martín, donde dialogó con reclusos, recopiló denuncias de maltratos por parte del personal penitenciario y consignó las condiciones de hábitat dentro del penal.“En una celda en la que tienen que estar dos detenidos, según los patrones internacionales, hay siete presos y tres colchones. Y va un dentista una hora para más de 600 detenidos: por eso los detenidos no tienen dientes. Hay ciudadanos que tienen la vesícula que se les explota y no se los opera”, enumeró Mariotto, para calificar al sistema de una “matriz perversa”.Pero no se detuvo ahí: “En vez de cuatro litros de agua, sólo se les da uno y contaminado. La unidad 46 está sobre el terreno del Ceamse y todos [los presos] tienen forúnculos. Ven el sol media hora por día y están 23 horas y media hacinados en las celdas, con baños que son peores que letrinas. La situación es alarmante y no se cumple con el precepto constitucional”.Durante la visita del viernes, Mariotto estuvo acompañado por legisladores de La Cámpora, técnicos y dirigentes de organismos de derechos humanos enfrentados públicamente con Casal, quien antes de convertirse en ministro hizo carrera dentro del servicio penitenciario.La jornada no terminó en paz: hubo una revuelta en uno de los pabellones y murió un recluso. La comitiva se retiró convencida de que los disturbios fueron organizados por los mismos guardias, que habían sido denunciados ante Mariotto por los detenidos.Dos días atrás, de hecho, el vicegobernador ultrakirchnerista pidió que se investigaran las denuncias de los detenidos. “Todos quienes tengan responsabilidad política deben ser sancionados conforme a lo que indican las leyes”, dijo.
Respuesta del sciolismo
Ayer, sin embargo, el sciolismo decidió romper el silencio con que suele recibir las críticas del ala dura del kirchnerismo. La flamante titular del SPB destacó avances en infraestructura carcelaria y mejoras en las condiciones educativas y de reinserción laboral de los presos, como la flamante ley de oportunidad laboral, que incentiva la contratación de liberados.“En el comienzo de la gestión, había 8000 presos en calabozos de comisarías, una sentencia condenatoria de la Suprema Corte, denuncias ante órganos internacionales y cientos de pabellones y calabozos clausurados por la Justicia. Hoy hay más de 9500 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario, talleres y escuelas en todas las unidades y nueve alcaidías nuevas”, subrayó Piermarini, para destacar que “sólo 800 presos permanecen en calabozos de comisarías”.Anoche, desde el gabinete sciolista se preocuparon en aclarar que la respuesta de Piermarini no fue difundida a través de un comunicado oficial, como consignaron las primeras versiones noticiosas.
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